Comunicado de prensa 2

Consciente de la gravedad de la crisis económica y social que estamos viviendo los costarricenses y de la necesidad de tomar medidas, a corto y mediano plazos, que permitan superarlas, eleva respetuosa excitativa a los honorables miembros de la Asamblea Legislativa, para que analicen con visión humanista, de justicia y solidaridad sociales y de conveniencia nacional, la nueva carga de cuestionables impuestos planteados por el gobierno, los que en un alto y significativo porcentaje caen sobre las espaldas de los asalariados, la escasa clase media, sector productivo , independientes, y consideren recomendaciones de analistas y expertos – desatendidas por autoridades gubernativas - que ayuden,efectivamente, a superar dichas crisis, sin golpear más el bolsillo de las familias costarricenses ni dañar más sus condiciones de vida.
Hace la anterior excitativa, tanto por sus convicciones ideológicas, democráticas y políticas, de sus responsabilidades partidarias con todos los costarricenses y el desarrollo humano integral de Costa Rica, como por los negativos efectos sociales y económicos de la propuesta oficial de extralimitados impuestos, orientada a la negociación con el FMI. Siel gobierno persiste en seguir esta ruta de negociación, debería desistir, vistas las comprensibles opiniones contrarias,del incremento de la carga impositiva, causante de mayor desigualdad social, yreplantear sus propuestas, para tornarlas aceptables, dando prioridad: al combate de la evasión, la elusión, la reducción del gasto público, la efectiva reactivación económica y competitividad del país, el ahorro, la inversión y los intranquilizantesíndices sociales: pobreza, desempleo, informalidad.
Expresa su razonable inquietud por el futuro de nuestra Democracia y del Estado Social de Derecho, por el elevadísimo endeudamiento del país y la pérdida de paz y armonía sociales, valores propios y permanentes de la dignidad humana.

Comité Ejecutivo Superior

Derogatoria

DEROGATORIA

Marvin Herrera

Con el proyecto de ley 22 173, el diputado Presidente de la Asamblea Legislativa, Licenciado Eduardo Cruickshank, que ya tiene dispensa de algunos trámites legislativos, borrará de la colección de leyes nacionales dos leyes: 322 y 840, dadas en el período de la Junta Fundadora de la Segunda República, en los años 1948-1949, con las que se declaran al Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia “Traidor de la patria”: un calificativo oprobioso, deshonroso, indigno.

Con la propuesta de Don Eduardo se borrará de nuestra historia patria la gran contradicción: “Traidor de la patria y Benemérito de la patria”, ya que, haciendo justicia a un gran Estadista, se declara al Doctor Calderón Guardia “Benemérito de la patria”, el 17 de abril de 1974, al valorar su inconmensurable obra de bien social, por lo que, también, se le atribuye el honor de reconocérsele como el Gran Reformador Social de Costa Rica. Un antes y un después para el pueblo.

Ha de decirse que con este proyecto de ley se limpia aquella mancha negra puesta, por sus adversarios, en la vida política y de servicio público a uno de los pocos estadistas de este país, quien supo gobernar para transformar Costa Rica en una época difícil, generada por la Segunda Guerra Mundial y enfrentar con hidalguía las injusticias sociales cometidas en esa época.

En el corazón de miles de trabajadores de ayer y de hoy. En el corazón de miles de estudiantes de ayer y de hoy. En el corazón de miles de personas beneficiadas por la CCSS de ayer y hoy. En el corazón de todos, ayer y hoy, quienes hemos disfrutado de las Garantías Sociales, esa contradicción histórica no existió, porque siempre vivieron agradecidos con ese Gran Gobernante, quien conociendo la miseria y la exclusión de su pueblo supo apartarse de la corriente liberal imperante en gobiernos anteriores, para gobernar inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia Católica y establecer el Estado Social de Derecho, hoy visiblemente amenazado.

COMUNICADO DE PRENSA PRSC

El Comité Ejecutivo Superior (CES) del Partido Republicano Social Cristiano.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico se establece en nuestra Constitución Política que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocar a elecciones populares (Artículo 102) y en el Código Electoral, artículo 147, el período de cuatro meses, antes de la fecha en que estas han de celebrarse.

Que de conformidad con esa normativa la campaña electoral se desarrolla escasamente en cuatro meses, incluyendo el período de veda en el mes de diciembre.

Que Reformar el Código Electoral para atrasar la convocatoria a elecciones, siendo ya un período razonable, atenta contra el ejercicio de la democracia, la libertad electoral y la participación consciente e informada de los costarricenses en la emisión del sufragio.

Que la necesidad de disponer de más tiempo para afinar los acuerdos (stand by) con el FMI, de reestructuración de la deuda de nuestro país es un pretexto del gobierno, pues los partidos políticos pueden y deben cumplir su misión institucional en nuestro sistema político, en un período determinante para el fortalecimiento y actualización de nuestra centenaria democracia.

Que los partidos políticos se han visto limitados para actualizar sus estructuras partidarias y realizar sus necesarias y democráticas actividades proselitista y, en general, su quehacer cívico en libertad, por las limitaciones propias de la pandemia Covic-19. Que la necesaria reducción del financiamiento de la campaña electoral, en atención a las crisis sanitaria y económica, no debe afectar el período de cuatro meses de actividad política.

SE ACUERDA:

Oponerse con firmeza y convicción democrática al proyecto de ley de reforma al Código Electoral que pretende atrasar la convocatoria a elecciones.
Abogar para que se mantengan los cuatro meses de campaña, tal y como lo señala la ley electoral.
Objetar razonadamente todo intento de limitar el trabajo y el quehacer democrático y cívico de los partidos políticos en los procesos de elección nacionales o municipales.
Afirmar nuestra identificación y fe como partido democrático en los valores de la información política y electoral, como derechos políticos inalienables de los electores costarricenses, quienes desean emitir su voto de una manera consciente, informada, seria y responsable.
Externar su conformidad con la reducción del financiamiento de la campaña política venidera, por razones de interés nacional, sin que ello implique disminuir el período de cuatro meses establecido en el Código Electoral.

San José, 3 de setiembre de 2020